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Trump demanda a Los Ángeles por políticas de “ciudad santuario”; acusa obstrucción a leyes migratorias
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias de “ciudad santuario”, acusándola de obstruir la aplicación de leyes migratorias federales.
La denuncia, interpuesta en el Distrito Central de California, señala como acusados a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal, y al presidente del concejo, Marqueece Harris-Dawson.
Según el documento legal, Los Ángeles habría promovido y aprobado la ordenanza “Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement”, firmada por Bass en diciembre de 2024, que impide el uso de recursos municipales para apoyar operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Acusaciones del gobierno federal
El fiscal federal Bill Essayli, en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia, declaró que la ordenanza “contribuye a un entorno anárquico e inseguro”, al permitir que migrantes sujetos a deportación evadan la ley. Según la demanda, la ciudad ha promovido actos de resistencia, disturbios e incluso violencia contra agentes federales durante operativos migratorios.
También se acusa a Los Ángeles de discriminar al gobierno federal al negar colaboración y acceso a recursos para la ejecución de leyes migratorias.
Contexto político y legal
La acción legal ocurre durante la cuarta semana de operativos migratorios en California, en medio de crecientes tensiones por la presencia de ICE en zonas urbanas y protestas que han movilizado a miles. Como respuesta, Trump ordenó el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional de California sin la aprobación del gobernador estatal, algo que no sucedía desde hace seis décadas.
Cabe señalar que aunque Los Ángeles fue declarada formalmente “ciudad santuario” en 2024, desde hace casi 50 años mantiene vigente una Orden Especial que prohíbe a su policía cuestionar a una persona exclusivamente para determinar su estatus migratorio.
La demanda marca un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración Trump y las ciudades santuario, en un año marcado por un endurecimiento de la política migratoria federal.
