Tras levantamiento del Título 42, EEUU deportó más de 2 mil 400 personas a México

Luego del levantamiento del Título 42el pasado 12 de mayo, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) deportó a más de dos mil personas a México, lo que significó una disminución de cerca del 50% en los cruces ilegales. Estas acciones se realizaron con la finalidad de regular los flujos migratorios masivos que pasan por su frontera suroeste.

En conferencia de prensa, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales -como los Departamentos de Estado y de Defensa- anunciaron los esfuerzos regionales que se aplicarán en los próximos días para expulsar de manera rápida a los migrantes que entren a EEUU sin haber utilizado una vía legal.

Blas Núñez-Neto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, dio a conocer este lunes que la administración de Joe Biden envió a más de dos mil 400 personas a México en un periodo de tres días luego de que finalizó el Título 42. En ese sentido, aseguró que habrá una disminución significativa en las próximas semanas.

Entre las personas deportadas se encontraban migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, mientras que cientos de guatemaltecos y colombianos fueron devueltos a sus países de origen por cruzar de manera irregular.

De esa manera, indicó que los cruces de migrantes en la frontera con México disminuyeron en un 50% en comparación con los días previos al fin de dicha normativa, la cual fue creada por el expresidente Donald Trump en 2020 con motivo de la pandemia por COVID-19.

Cuando el 11 de mayo, a las 11:59 horas, se levantó la Orden de Salud Pública del Título 42, el gobierno de Estados Unidos volvió a aplicar el Título 8, con el objetivo de procesar y expulsar de manera rápida a las personas que entran ilegalmente al país y no tengan una base legal para permanecer en su territorio.

A diferencia del Título 42, las leyes del Título 8 imponen consecuencias migratorias y penales, incluidas órdenes definitivas de expulsión y deportación. También contempla una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal si se intenta regresar una vez expulsado.

Lo anterior implica que aquellos que entren a EEUU sin contar con un estatus migratorio regular serán considerados no aptos para solicitar asilo en virtud de esta normativa, con excepción de casos especiales, como el hecho de que sean perseguidos en su país de origen, por ejemplo.