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Sheinbaum propone reformas para evitar liberación de cuentas vinculadas a delitos financieros
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se preparan modificaciones legales con el objetivo de frenar la liberación de cuentas financieras relacionadas con delitos como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, mismas que han sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que actualmente, cuando la UIF congela cuentas por sospechas fundadas de mal uso de recursos, los implicados suelen obtener suspensiones judiciales que permiten el desbloqueo de los fondos, incluso antes de que se resuelva el juicio de fondo.
“Estas personas se amparan y, en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Es una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede haber esta colusión y corrupción, porque no tienen otro nombre, de jueces y de muchos ministros de la Corte”, declaró Sheinbaum.
La presidenta subrayó la necesidad de reformar las leyes para que las cuentas solo puedan liberarse en caso de que se compruebe una mala actuación de la UIF mediante una resolución judicial definitiva.
Por su parte, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incorporaron a la LPB a 7,815 sujetos: 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales (empresas). De estos, han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 personas morales, permaneciendo actualmente 6,545 sujetos en la lista.
Las instituciones financieras han bloqueado, como resultado de estas acciones, un total de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. No obstante, de los 32,500 millones de pesos bloqueados, más de 23,575 millones han sido desbloqueados por resolución judicial, 82 millones por decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5,000 millones por determinación de la propia UIF.
Gómez también se refirió al caso de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, señalando que una orden del Poder Judicial que los eliminó de la LPB permitirá que vuelvan a operar libremente en el sistema financiero, a pesar de contar con órdenes de aprehensión en su contra.
La presidenta reiteró que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, cuyo propósito es impedir que recursos de presunta procedencia ilícita continúen infiltrándose en la economía nacional.
