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Sheinbaum propone reforma a la Ley de Amparo para limitar suspensiones y agilizar juicios
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de limitar la concesión de suspensiones, prevenir abusos en este recurso y agilizar la resolución de juicios.
La propuesta plantea que los jueces deberán valorar caso por caso si la suspensión de un acto reclamado afecta el interés social o el orden público, con lo que se busca evitar que esta medida cautelar se utilice para operar sin permisos legales, obstaculizar las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o liberar recursos presuntamente ilícitos. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, detalla la iniciativa, se promovieron más de 3 mil 600 amparos contra bloqueos de cuentas, que permitieron desbloquear 59 mil millones de pesos mediante suspensiones y sentencias.
El proyecto también establece que no procederán suspensiones que impidan al Estado ejercer facultades relacionadas con la deuda pública y ordena a los jueces dejar a salvo recursos para garantizar obligaciones alimentarias, salariales o créditos hipotecarios de vivienda de uso propio.
En materia procesal, la iniciativa fija plazos para evitar retrasos, como un máximo de 60 días para dictar sentencia fuera de la audiencia constitucional, y limita la ampliación de demandas y recusaciones de jueces. Asimismo, incorpora la obligatoriedad de medios electrónicos para notificaciones y actuaciones jurídicas, con un plazo de 360 días para que el nuevo Órgano de Administración Judicial adecue el sistema digital.
Respecto a las responsabilidades por incumplimiento de sentencias, se faculta a los jueces a eximir a las autoridades cuando acrediten imposibilidad material o jurídica para cumplirlas, y se propone que las sanciones económicas recaigan en los organismos y no en funcionarios de manera personal.
En materia fiscal, la reforma declara improcedentes el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo contra créditos fiscales ya firmes, con el fin de evitar litigios prolongados. No obstante, se mantiene la posibilidad de promover amparo contra actos finales del procedimiento de cobro coactivo, como el embargo de bienes.
De acuerdo con el documento, la iniciativa busca equilibrar el acceso a la justicia con la protección de intereses colectivos y la eficacia en la recaudación, al tiempo que pretende cerrar espacios al uso dilatorio y abusivo del juicio de amparo.
