Se realiza en San Lázaro el foro “Niñez migrante. Ilusión y realidad”

En el marco del Día del Niño, que se celebra el 30 de abril de cada año en México, la diputada federal migrante Nora Oranday Aguirre (PAN), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, realizó este miércoles el foro “Niñez migrante. Ilusión y realidad”, a fin de impulsar iniciativas para atender a niñas, niños y adolescentes no acompañados.

La parlamentaria indicó que hay cientos de casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados que atraviesan países y cruzan fronteras obligados por la necesidad que tienen sus padres o parientes para proveerles de una vida más digna, lo cual es, en algunos casos arriesgado y peligroso.  

Señaló que las y los menores deben tener toda la protección según las leyes internacionales, pero “lastimosamente viven situaciones infrahumanas, expuestos al abuso, al acoso, la nula atención médica y hacinamiento y sin duda, injusticia en su reclusión”.

Asimismo, dijo que los infantes experimentan angustia e incertidumbre por no contar en los países que los reciben con abogados, traductores y servicios médicos, entre otros, altamente necesarios; entonces “se enfrentan a una violencia de todo tipo, pero lo preocupante es una violencia emocional a la que no deben ser expuestos los niños”.

Por lo anterior, Oranday Aguirre enfatizó en que los gobiernos de los países expulsores y de los que reciben a los menores migrantes no acompañados deben comprometerse con responsabilidades que establecen las leyes internacionales, a fin de protegerlos y que dichas normas resulten realmente efectivas.

En ese sentido, informó que impulsa una iniciativa en la que llama al Gobierno de México a establecer un sistema que garantice la seguridad de las niñas, los niños y adolescentes migrantes.

Por su parte, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), secretaria de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, planteó que se deben revisar las figuras de asilo y refugio que actualmente han quedado rebasados por la realidad del país.

Refirió que, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), de la Secretaría de Gobernación, de enero a febrero de 2023, Estados Unidos ha devuelto a México 4 mil 298 niñas y niños migrantes no acompañados.

Señaló que las y los menores son sujetos muy fáciles de caer en redes de trata de personas, explotación y abuso sexual, accidentes, violencia y crimen organizado, embarazo adolescente, por lo que propuso que se revisen las figuras de asilo, rebasado en el país, el cual es un problema regional de corto y largo plazo.

La diputada María Elena Serrano Maldonado (PRI), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, celebró que en México hay 11 diputadas y diputados migrantes, “quienes estamos aquí para levantar la voz, para luchar por nuestros derechos plenos y derechos humanos de quienes atraviesan el país”.

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y del Caribe del Senado de la República, consideró que en el caso de los niños y niñas mexicanos migrantes no acompañados que son repatriados no se ha actuado de manera solidaria suficiente como sociedad, ni como autoridades en su reunificación familiar o en la generación de oportunidades.

Por lo anterior, planteó la creación de un Observatorio de los Derechos de la Niñez Migrante, el cual se propondría ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y estaría integrado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), con la presencia de representantes de los poderes legislativos y ejecutivos de los países de la región que cubra el observatorio.

Explicó que su propuesta está planteada para el hemisferio americano, en el cual tendrían participación los poderes legislativos, a través de sus Comisiones de Derechos Humanos y de Migración, y los ejecutivos, a través de sus cancillerías, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que tengan protocolos específicos suscritos en torno a la problemática que enfrentan los niños no acompañados, de reunificación familiar y a su derecho de recibir en el país de recepción educación formal y atención de salud en las instituciones públicas.

“Este Observatorio de los Derechos de la Niñez Migrante podría ser una aportación importante de los poderes legislativos. Trascendamos lo que evidentemente es un rezago enorme en el respeto a los derechos humanos de la población más vulnerable en esta etapa de la historia del mundo, que es la niñez migrante”, externó.

Asimismo, dijo que se debe establecer una dinámica muy estricta de vigilancia en la frontera sur de México para que no se violen los derechos humanos de los migrantes, se eviten el tráfico de niñas, niños y adolescentes, así como la prostitución infantil en Tapachula, Chiapas.

En su oportunidad, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, expuso que no se sabe cuánta población indígena ni cuántos niños están migrando a Estados Unidos, por lo que enfatizó en la necesidad de crear un método para identificar qué porcentaje de la población indígena ha migrado.

Destacó que el 90 por ciento de las personas que viven en el campo reside en condiciones de pobreza, de las cuales el 62 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema; y que los estados con mayores problemas de pobreza son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, “lo que quiere decir que hay una migración tremenda del campo a las ciudades en la frontera sur, donde la población indígena está llegando”.

En otro tema, pidió que se revise la iniciativa del Ejecutivo que busca desaparecer la Dirección General de Educación Indígena e Intercultural para fusionarla al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), como si éste fuera el responsable de la educación, así como la desaparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  

Durante su participación, la senadora Gina Cruz Blackledge (PAN), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en el Senado de la República, aseguró que el foro es una oportunidad privilegiada para visibilizar una problemática que debe ser abordada de forma urgente por el Estado mexicano.

Señaló que el fenómeno humanitario de las y los niños migrantes es uno de los más grandes que enfrentamos el día de hoy, ya que se trata de un sector vulnerable expuesto a diversos riesgos: la violación de sus derechos humanos, el abuso de las autoridades, la amenaza de los criminales, la soledad y el abandono que se da al ser separados de sus familias

Refirió que de acuerdo con cifras del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en 2019, 377 niñas y niños no acompañados y acompañados llegaronn a la frontera de México con Estados Unidos, por lo que esta realidad reta y hace ajustar nuestro marco jurídico migratorio de atención y cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer y adecuar las instituciones migratorias.

Dijo que México cuenta con un marco jurídico orientado a proteger de la manera más amplia los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política, que además obliga a la autoridad a velar por sus derechos; sin embargo, a la luz de estas consideraciones encontramos fallas en el sistema migratorio actual pues no es lo mismo los niños, niñas y adolescentes de la frontera sur o norte.

Por lo anterior, Cruz Blackledge dijo que se requieren registros oficiales confiables, así como fortalecer los controles migratorios, para poder tenderlos y de capacidad institucional.  

Finalmente, el senador Antonio García Conejo (PRD), presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, dijo que como legisladores tiene tarea para dotar de herramientas en la materia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.  

Al foro asistieron Alma Eunice Rendón Cárdenas, especialista del fenómeno migratorio y de movilidad; Carlos Rojas, migrante en Canadá y Raúl Torres Guerrero, presidente de la Comisión de Personas Migrantes del Congreso de la Ciudad de México, entre otros.