Proponen garantizar que personas con discapacidad tengan acceso al Insabi

La diputada federal Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) propuso reformar el Artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de garantizar a la población con discapacidad el acceso a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En un comunicado, explicó que las personas con discapacidad son aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas por sí solos, como ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con alguna de estas condiciones, y de ellas alrededor del 24 por ciento no cuenta con seguridad social, señaló.

“En la actualidad, en nuestro país un elevado número de personas con discapacidad no tienen los recursos económicos suficientes para atenderse, motivo por el cual requieren del auxilio y la asistencia del Estado”, sostuvo la diputada. 

Añadió que la asistencia social en México es un mandato legal, es decir, que el Estado tiene la obligación de resarcir las necesidades de la población que lo requiera y esto deriva de lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto constitucionales y, más específicamente, de lo que establece la Ley General de Salud. 

Navarrete Navarro consideró que “si bien hay mecanismos en los niveles municipal, estatal y federal para la prestación de servicios de asistencia social a grupos vulnerables por no poder satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas, desafortunadamente en la práctica muchos de ellos no pueden ejercer este derecho y no reciben la atención que merecen, por ello la importancia de la presente iniciativa”. 

La también integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacó que su propuesta busca, además, facultar a la Secretaría de Salud para elaborar un registro mensual del número de solicitudes de atención médica por parte de la población con discapacidad y de los casos atendidos por cada entidad y por cada institución, a fin de implementar acciones para la reducción del rezago en la materia.