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Presidente instruye a Consejería Jurídica negociar contratos de penales federales privatizados; representan abuso a la Hacienda pública, afirma
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del reporte de la revisión de los contratos de prestación de servicios privados en penales federales del país.
El mandatario instruyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dialogar con los proveedores para llegar a acuerdos que reviertan las cláusulas abusivas a la Hacienda pública.
Anunció que de no concretar una solución se presentará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
“Son empresas muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. es un botón de muestra desgraciadamente porque esto se extendió por todo el gobierno. Se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal; privatización, sinónimo de corrupción”, apuntó.
En conferencia de prensa matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se analizaron ocho contratos de centros penales en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Michoacán.
Estos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de adquisiciones de la misma dependencia, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando el Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
En los últimos nueve años se ha pagado un total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos. Esta cantidad es correspondiente al 36 por ciento del pago total.
Hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que en algunos penales corresponderá hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así, el costo proyectado a 20 años se aproxima a los 266 mil 300 millones de pesos.
En los ocho centros penitenciarios privatizados en los que se realizó la revisión hay un total de 12 mil 284 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
La secretaria de Seguridad indicó que en 2020 el gasto por PPL al día fue de 2 mil 558.62 pesos en Sonora, por ejemplo, y hasta 5 mil 69.16 pesos en Michoacán.
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, indicó que uno de los contratos por casi 270 mil millones de pesos, se asignó en la administración federal antepasada por adjudicación directa.
El jefe del Ejecutivo dijo que aun cuando todavía no se termina de limpiar el gobierno de prácticas ilegales “estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país”.
