Destacadas
Impugnará Senado a aspirantes judiciales por vínculos con el crimen organizado

El Senado de la República anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una veintena de candidatos a cargos en el Poder Judicial, que participarán en la elección del próximo 1 de junio, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, informó este miércoles que se han identificado aspirantes que, desde su perspectiva, no cumplen con los criterios de probidad exigidos, al haber sido defensores legales de narcotraficantes o haber otorgado sistemáticamente amparos para su liberación.
“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas”, declaró Fernández Noroña en conferencia de prensa, enfatizando que no se trata de un veto personal, sino de salvaguardar la integridad del sistema de justicia.
El martes, el legislador ya había advertido sobre la presencia de “algunos defensores de narcotraficantes” entre los candidatos y exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) a actuar. No obstante, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que corresponde al Senado y al TEPJF evaluar la elegibilidad de los aspirantes.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos que tengan nexos con el crimen organizado.
La agrupación civil Defensorxs también ha documentado irregularidades en al menos 13 candidaturas, señalando vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales y sectas político-religiosas. Entre los casos más destacados figura Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta situación ha generado gran controversia en el marco de la primera elección popular del Poder Judicial en México, en la que más de 99.7 millones de ciudadanos están convocados para elegir 881 cargos judiciales de entre 3,422 candidatos. La jornada ha sido objeto de preocupación por parte de organismos internacionales, jueces en funciones y asociaciones civiles, ante el riesgo de injerencia del Ejecutivo y del crimen organizado.
Las campañas electorales comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo. La elección se celebrará el 1 de junio.