El espionaje del Ejército obliga a que organizaciones y activistas cambien su comunicación.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en México han modificado sus hábitos de comunicación personal y de grupo para hacer frente al espionaje del Ejército y así continuar con la defensa de los derechos humanos u otros propósitos.

Una vez confirmado el espionaje que realizan los militares sobre activistas, diplomáticos, periodistas y colectivos —evidenciado en varios de los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el grupo “Guacamaya”—, los integrantes de diversas ONG han adoptado nuevas formas de interactuar entre ellos y con sus fuentes de información.

Reuniones en lugares privados y con celulares apagados, compartir información física, evitar comentar datos confidenciales en llamadas telefónicas, usar aplicaciones gratuitas para encriptar datos, eludir links y páginas de dudoso origen y hasta abandonar el activismo, son algunas de las medidas que los activistas toman ante el espionaje.

También recurren a los expertos en tecnología para asegurarse de que sus dispositivos estén libres de intervención.

De hecho, desde octubre pasado, cuando salieron a la luz los correos de la Sedena, Social TIC, una organización que busca prevenir riesgos de ataques digitales, recibe un promedio semanal de 10 activistas, periodistas o personajes públicos interesados en saber si son vigilados a través de sus celulares o computadoras.

Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, dice que este número es mayor a las cinco asesorías semanales que atendía después de que se descubrió que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto utilizó el programa Pegasus para espiar a periodistas y opositores.

El experto en tecnologías de la información explicó que no solo el Ejército espía, también lo hacen funcionarios de cualquier nivel de gobierno con capacidad económica.

“En México sigue habiendo un contexto de ilegalidad, estas intervenciones no se han hecho con la autoridad judicial y da pie a sospechar sobre otros gobiernos estatales, municipales que tengan la capacidad adquisitiva y que puedan llegar a estar comprando este tipo de tecnologías (para espiar)”, advirtió.

Casanueva ha encontrado tres niveles de ataques a dispositivos: de bajo, medio y alto grado.

De bajo grado, explicó, es el intento de acceder mediante phishing o páginas falsas a cuentas de correo electrónico, redes sociales y WhatsApp; de medio grado, es a través de virus que toman control de las aplicaciones del dispositivo intervenido.

Los ataques de alto grado, que dice son los más utilizados por los militares, son aquellos que sin ningún clic un programa malicioso revisa las vulnerabilidades de los sistemas operativos tomando control de cámaras, audio y texto.

Por ejemplo, el software Pegasus se instala con un simple mensaje de texto, con lo que el espía tiene acceso al micrófono y la cámara del dispositivo atacado.

El grupo de hackers “Guacamaya” evidenció el grado de espionaje que existe en México. Un oficio de la Sedena, fechado en agosto de 2020 y clasificado como confidencial con número 2001-6861, exhibe que la subjefatura de Inteligencia Militar reportó la comunicación en Tamaulipas entre tres periodistas y un activista investigado por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste.

En el escrito se detallan la fecha, hora, transcripción de las pláticas y su sentido, así como la forma en que se compartió información para tratar un caso de homicidio.

El reporte se entregó a la Policía Ministerial Militar con la recomendación de integrarse como elemento de juicio para investigarse sin ser parte de alguna carpeta de investigación.

Otro caso de intervención en comunicaciones es el de la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera. El colectivo Red en Defensa de los Derechos Digitales detectó que la activista es víctima de espionaje.

La Red considera “por la información que sacaron de mi celular, que sí estoy en el grupo de organizaciones o de personas que el gobierno vigila; por otro lado, hay algunos documentos que han sacado en esto del colectivo Guacamaya, donde indican cómo me vinculan a otros grupos sociales y cómo consideran que somos peligrosos”.

La activista, que ha publicado investigaciones y denunciado irregularidades sobre las políticas de seguridad del gobierno mexicano, dijo que en ocasiones se abstiene de ser explícita al hablar por cualquier dispositivo.

“Pero, pues al final del día, lo que quieran saber lo van a buscar en mi teléfono o donde decidan buscarlo, porque este gobierno no se detiene, si no encuentra cosas, te las inventa”, dijo.

Marco Fernández, investigador de la organización México Evalúa, coincide en que a pesar de que periodistas y activistas toman precauciones, no es posible evitar el espionaje, ya sea de gobiernos locales, estatales o del Ejército.

“Esto constituye un delito que ya se estaría investigando para deslindar la responsabilidad penal de quien lo ha estado haciendo, además de las responsabilidades administrativas por el mal uso de los recursos públicos para comprar equipo, que no se justifica utilizar en contra de los críticos del gobierno, ni siquiera bajo las argucias de decir que es seguridad nacional”, dijo.

“No callar, eso me parece fundamental, porque justo lo que se busca, a través de estas acciones intimidatorias, es el silencio, la autocensura y en un gobierno democrático o un país que aspira a ser una democracia saludable, eso no debe de tener lugar”, apuntó.

Morera, Fernández y Casanueva coinciden en que aun sabiéndose espiados, no bajarán la guardia, aunque con sus debidas precauciones. Los tres consideran importante a las organizaciones civiles que trabajan en mejoras para el sistema de gobierno, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos.